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Salud da un paso más en la universalización de la prestación sanitaria

Una vez asumidas las transferencias en materia sanitaria a la Comunidad Autónoma de La Rioja, es a la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja a quien corresponde dirigir las funciones de aseguramiento, dirección, gestión, control y evaluación de la asistencia sanitaria en su territorio.

Por ello, y teniendo en cuenta la situación de crisis económica actual, el Gobierno de La Rioja da un paso más en la garantía de la universalización de la prestación sanitaria. En concreto, la Orden que se publica mañana establece que la Comunidad Autónoma de La Rioja, a través de la Consejería de Salud, no cursará ni dará efecto a las peticiones de baja en la asistencia sanitaria pública y gratuita remitidas por las oficinas de la Seguridad Social a las personas que estén incluidas en alguna de las siguientes situaciones:

• Afiliados a la Seguridad Social (en cualquiera de sus regímenes) en situación de baja de cotización por cese en la actividad laboral por cuenta ajena, que hayan sobrepasado el límite máximo de cobertura de la prestación social, así como a sus beneficiarios.

• Personas que por no obtener rentas de trabajo personal no están incluidas en ninguno de los regímenes generales o especiales de la Seguridad Social, como es el caso de los trabajadores autónomos y pequeños y medianos empresarios que hayan causado baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos como consecuencia de la actual crisis económica.

La Consejería de Salud revisará las situaciones de aquellas personas que hayan estado en los supuestos mencionados durante los últimos dos años desde la entrada en vigor de la presente Orden.  

La población empadronada en La Rioja es de 321.025 habitantes. De los cuales, 312.823 disponen de tarjeta sanitaria del sistema sanitario público de La Rioja, lo que supone que un 97,45% de la población de La Rioja recibe asistencia sanitaria pública y gratuita.

El resto de habitantes dispone de otra entidad gestora, tales como MUFACE, MUJEGU, ISFAS y MUNPAL y, a su vez, pueden hacer efectivo el derecho a la sanidad pública mediante convenios o bien, optar por la sanidad privada.