La política europea de los consumidores funciona como una asociación entre la Unión Europea (UE), sus países miembros y sus ciudadanos. Se basa en dos principios fundamentales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

• La UE debe emprender una serie de acciones específicas para proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores y promover su derecho a la información y la educación.
• Al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la UE deben tenerse en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores.

La legislación de la UE ofrece a todos los consumidores que residen en la Unión Europea un nivel mínimo de protección con independencia de su país de origen y de la legislación nacional aplicable.

Si un país de la UE detecta productos que entrañen un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores debe notificarlo a la Comisión Europea a través del sistema de alerta rápida de la UE (RAPEX). Esto permite que la información se transmita rápidamente a escala europea y que se adopten las medidas necesarias.

El sistema de alerta rápida de la UE (RAPEX) informa a los inspectores de todos los Estados miembros sobre las medidas adoptadas por cualquier Estado miembro en relación con un producto peligroso. Esto provoca una reacción en cadena que hace que el producto notificado por un Estado miembro a través de RAPEX se retire también de los demás mercados nacionales de la UE.

RAPEX lleva operativo desde 2004 y, con el paso de los años, la cantidad de información compartida sobre productos peligrosos hallados en los mercados nacionales se ha incrementado exponencialmente, pasando de 400 alertas en 2004 a más de 2 900 en 2017.