A los 500 millones de consumidores que viven hoy en día en la Unión Europea (UE) les interesa, sin duda, la calidad, la oferta y la relación calidad precio. Esperan recibir información exacta de lo que están comprando y quieren estar seguros de que se protegerán sus derechos como consumidores.

La política de los consumidores de la UE tiene cuatro objetivos fundamentales:

• proteger a los consumidores contra los riesgos y amenazas graves a los que no pueden hacer frente como particulares;
• capacitarlos para que, al elegir, se basen en información clara, exacta y coherente;
• proteger sus derechos y darles acceso a vías rápidas y eficaces de solución de litigios con los comerciantes;
• adaptar los derechos de los consumidores a los cambios económicos y sociales, poniendo especial empeño en los mercados de alimentos, energía, servicios financieros, transporte y tecnologías de la información y la comunicación.

El «mercado único» de la Unión Europea es uno de los mayores mercados al por menor del mundo. Para los consumidores de la UE es sinónimo de oferta, flexibilidad, calidad y mejor relación calidad‑precio. La principal función de la política europea de los consumidores es ayudarlos a aprovechar al máximo estas oportunidades.

La política de los consumidores de la UE vela por que los consumidores ejerzan determinados derechos y les garantiza un alto nivel de protección y apoyo en toda la UE.

Esta política establece:

• un único conjunto básico de normas aplicables a todos los productos y servicios de consumo en toda la UE, independientemente de que se vendan en una tienda o por internet
• condiciones de competencia equitativas para las empresas y prohibición de las prácticas comerciales desleales
• el acceso a mecanismos de resolución de conflictos rápidos, fáciles y a bajo coste
• la reducción de los riesgos sanitarios y de seguridad en toda Europa gracias a una cooperación más eficaz y a la vigilancia del mercado
• la información, el asesoramiento y el apoyo sobre cuestiones relativas a los consumidores
• la protección de los consumidores vulnerables, como los niños o las personas mayores.