CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 27 DE DICIEMBRE DE 1978

B.O.E. nº 311-1 de 29 de Diciembre

Art. 15

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral...

Art. 18.1

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

4

La Ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Art. 43.1

Se reconoce el derecho a la protección de la salud.

2

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.

Art. 51.1

Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2

Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, ...

 

 

LEY GENERAL DE SANIDAD 14/1986, DE 25 DE ABRIL

B.O.E. nº 102 de 29 de Abril de 1986

Art. 9

Los poderes públicos deberán informar a los usuarios de los servicios del sistema sanitario público o vinculados a él, de sus derechos y deberes.

Art. 10

Todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias:

1

Al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad, sin que pueda ser discriminado por razones de raza, de tipo social, de sexo, moral, económico, ideológico, político o sindical.

2

A la información sobre los servicios sanitarios a que puede acceder, y sobre los requisitos necesarios para su uso.

3

A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.

4

A ser advertidos de si los procedimientos de pronóstico, diagnóstico y terapéuticos que se apliquen, pueden ser utilizados en función de un proyecto docento o de investigación, que, en ningún caso, podrán comportar peligro adicional para su salud.  En todo caso, será imprescindible la previa autorización y por escrito del paciente la aceptación por parte del médico y de la Dirección del correspondiente Centro Sanitario.

5

A que se le dé en términos comprensibles, a él y a sus familiares o allegados, información completa y continuada, verbal y escrita sobre su proceso, incluyendo diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento.

6

A la libre elección entre las opciones que le presente el responsable médico de su caso, siendo preciso el previo consentimiento escrito del usuario para la realización de cualquier intervención, excepto en los siguientes casos:
a) Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública.
b) Cuando no esté capacitado para tomar decisiones, en cuyo caso el derecho corresponderá a sus familiares o personas a él allegadas.
c) Cuando la urgencia no permita demoras por poderse ocasionar lesiones irreversibles o existir peligro de fallecimiento.

7

A que se le asigne un médico, cuyo nombre se le dará a conocer, que será su interlocutor principal con el equipo asistencial. En caso de ausencia, otro facultativo del equipo asumirá tal responsabilidad.

8

Aque se le extienda certificado acreditativo de su estado de salud, cuando su exigencia se establezca por una disposición legal o reglamentaria.

9

A negarse el tratamiento, excepto en los casos señalados en el apartado 6, debiendo para ello solicitar el alta voluntaria, en los términos que señala el apartado 4 del artículo siguiente.

10

A participar, a través de las instituciones comunitarias, en las actividades sanitarias, en los términos establecidos, en esta Ley y en las disposiciones que la desarrollen.

11

A que quede constancia por escrito de todo su proceso. Al finalizar la estancia del usuario en una Institución hospitalaria, el paciente, familiar o persona a él allegada recibirá su Informe de Alta.

12

A utilizar las vías de reclamación y de propuesta de sugerencias en los plazos previstos.   En uno y otro caso deberá recibir respuesta por escrito en los plazos que reglamentariamente se establezcan.

13

A elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regule el trabajo sanitario en los Centros de Salud.

14

A obtener los medicamentos y productos sanitarios que se consideren necesarios para promover, conservar o restablecer su salud, en los términos que reglamentariamente se establezcan por la Administración del Estado.

15

Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitarios, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados.

Art. 11

Serán obligaciones de los ciudadanos con las instituciones y organismos del sistema sanitario:

4

Firmar el documento de alta voluntaria en los casos de no aceptación del tratamiento. De negarse a ello, la dirección del correspondiente centro sanitario, a propuesta del facultativo encargado del caso, podrá dar el alta.

Art. 18

Las Administraciones Públicas, a través de los Servicios de Salud y de los Órganos competentes en cada caso, desarrollarán las siguientes actuaciones:

1

Adopción sistemática de acciones para la educación sanitaria como elemento primordial para la mejora de la salud individual y comunitaria.

13

La difusión de la información epidemiológica general y específica para fomentar el conocimiento detallado de los problemas de salud.

Art. 21.1

La actuación sanitaria en el ámbito de la salud laboral comprenderá los siguientes aspectos:

g) Promover la información, formación y participación de los trabajadores y empresarios en cuanto a los planes, programas y actuaciones sanitarias en el campo de la salud laboral.

2

Las acciones enumeradas en el apartado anterior se desarrollarán, desde las Áreas de Salud a que alude el Capítulo III de la presente Ley.

3

El ejercicio de las competencias enumeradas en este artículo se llevará a cabo bajo la dirección de las autoridades sanitarias, que actuarán en estrecha coordinación con las autoridades laborales y con los órganos de participación, inspección y control de las condiciones de trabajo y seguridad e higiene de las empresas.

Art. 23

Para la consecución de los objetivos que se desarrollan en el presente Capítulo V, las Administraciones Sanitarias, de acuerdo con sus competencias, crearán los Registros y elaborarán los análisis de información necesarios para conocimiento de las distintas situaciones de las que pueden derivarse acciones de intervención de la autoridad sanitaria.

Art. 27

Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, realizarán un control de la publicidad y propaganda comerciales para que se ajusten a criterios de veracidad en lo que atañe a la salud y para limitar todo aquello que pueda constituir un perjucio para la misma.

Art. 61

En cada Área de SAlud debe procurarse la máxima integración de la información relativa a cada paciente, por lo que el principio de historia clínico-sanitaria única por cada uno deberá mantenerse, al menos, dentro de los límites de cada institución asistencial.   Estará a disposición de los enfermos y de los facultativos que directamente estén implicados en el diagnóstico y el tratamiento del enfermo, así como a efectos de inspección médica o para fines científicos, debiendo quedar plenamente garantizados el derecho del enfermo a su intimidad personal y familiar y del deber de guardar el secreto por quien, en virtud de sus competencias, tenga acceso a la historia clínica. Los poderes públicos adoptarán las medias precisas para garantizar dichos derechos y deberes.

 

 

LEY ORGÁNICA 1/1982, DE 5 DE MAYO, DE PROTECCIÓN CIVIL DEL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN

B.O.E. nº 115, de 14 de Mayo de 1982

Art. 1.1

El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, garantizando en el art. 18 de la Constitución, será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas.

3

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es irrenunciable e imprescriptible.   La renuncia a la protección prevista en esta ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento a que se refiere el art. 2 de esta ley.

Art. 2.1

La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.

2

No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso.

3

El consentimiento al que se refiere el párrafo anterior será revocable en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas.

Art 3.1

El consentimiento de los menores e incapaces deberá prestarse por ellos mismos si sus condiciones de madurez lo permiten de acuerdo con la legislación civil.

2

En los restantes casos, el consentimiento habrá de otorgarse mediante escrito por su representante legal, quien estará obligado a poner en conocimiento previo del Ministerio Fiscal el consentimiento proyectado.  Si en el plazo de ocho días el Miniesterio Fiscal se opusiere, resolverá el juez.

Art. 7

Tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de la protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

3

La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo.

4

La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad profesional u oficial de quien los revela.

 

 

LEY 26/1984, DE 19 DE JULIO, GENERAL PARA LA DEFENSA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS

B.O.E. nº 176, de 24 de Julio de 1984

Art. 2.1

Son derechos básicos de los consumidores y usuarios:
a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud.
d) La información correcta sobre los diferentes productos o servicios y la educación y divulgación, para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute.

 

 

LEY ORGÁNICA 5/1992, DE 29 DE OCTUBRE, DE REGULACIÓN DEL TRATAMIENTO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

B.O.E. nº 262, de 31 de Octubre de 1992

Art. 1

Esta ley tien por objeto limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus derechos.

Art. 2

Ámbito de aplicación.

1

La presente ley será de aplicación a los datos de carácter personal que figuren en ficheros automatizados de los sectores público y privado y a toda modalidad de uso posterior, incluso no automatizado, de datos de carácter personal registrados en soporte físico susceptible de tratamiento automatizado.

Art. 7

Datos especialmente protegidos.

3

Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la salud y a la vida sexual sólo podrán ser recabados, tratados automatizadamente y cedidos cuando por razones de interés general así lo disponga un Ley o el afectado consienta expresamente.

Art. 8

Datos relativos a la salud.

Sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo 11 respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales correspondientes podrán proceder al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal relativos a la salud de las personas que a ellos acudan o hayan de ser tratados en los mismos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y la Ley Orgánica de medidas especiales en Materia de Salud Pública.

Art 11.1

Los datos de carácter personal objeto de tratamiento automatzado sólo podrán ser cedidos para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del afectado.

2

El consentimiento exigido no será preciso:
f) Cuando la cesión de datos de carácter personal relativos a la salud sea necesaria para solucionar una urgencia que requiera acceder a un fichero automatizado o para realizar los estudios epidemiológicos en los términos establecidos en la Ley General de Sanidad.

Art. 30

Ficheros relativos a encuestas o investigaciones.

1

Sólo se utilizarán de forma automatizada datos de carácter personal en las encuestas de opinión, trabajos de prospección de mercados, investigación científica o médica y actividades análogas, si el afectado hubiera prestado su consentimiento a tal efecto.

 

 

REAL DECRETO 63/1995, DE 20 DE ENERO, SOBRE ORDENACIÓN DE PRESTACIONES SANITARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD

B.O.E. nº 35, de 10 de Febrero de 1995

Art. 6.1

Los servicios de salud informarán a los ciudadanos de sus derechos y deberes, de las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Salud y de los requisitos necesarios para su uso, conforme a lo previsto en los artículos 9, 10..2 y 11 de la Ley General de Sanidad.

2

Los diferentes centros y establecimientos sanitarios facilitarán igualmente información al público de los servicios, prestaciones y actividades que realizan debidamente autorizados.

Anexo I

Prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas por el Sistema Nacional de Salud y financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad.

5

Servicios de Información y documentación sanitaria.

Constituyen servicios en materia de información y documentación sanitaria y asistencial:

1º. La información al paciente y a sus familiares o allegados, de sus derechos y deberes, en particular para la adecuada prestación del consentimiento informado y la utilización del sistema sanitario, así como, en su caso, de los demás servicios asistenciales, en beneficio de su salud, asistencia, atención y bienestar.

2º. La información y, en su caso, tramitación de los procedimientos administrativos necesarios para garantizar la continuidad del proceso asistencial.

3º. La expedición de los partes de baja, confirmación, alta y demás informes o documentos clínicos para la valoración de la incapacidad u otros efectos.

4º. El informe de alta, al finalizar la estancia en una institución hospitalaria o el informe de consulta externa de atención especializada.

5º. La documentación o entrega, a petición del interesado, de un ejemplar de su historia clínica o de determinados datos contenidos en la misma, sin perjuicio de su conservación en el centro sanitario.

6º. La expedición de los demás informes o certificados sobre el estado de salud que deriven de las demás prestaciones sanitarias de este anexo o sean exigibles por disposición legal o reglamentaria.

 

 

LEY 30/1979, DE 27 DE OCTUBRE, DE LA JEFATURA DEL ESTADO, SOBRE EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS

B.O.E. nº 266, de 6 de Noviembre de 1979

Art. 4

La obtención de órganos procedentos de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el donante sea mayor de edad.

b) Que el donante goce de plenas facultades mentales y haya sido previamente informado de las consecuencias de su decisión. Esta información se referirá a las consecuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico, a las eventuales repercusiones que la donación pueda tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así como a los beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor.

c) Que el donante otorgue su consentimiento d eforma expresa, libre y consciente, debiendo manifestarlo por escrito ante la autoridad pública que reglamentariamente se determine, tras las explicaciones del médico que ha de efectuar la extracción, obligado éste también a firmar el documento de cesión del órgano.  En ningún caso podrá efectuarse la extracción sin la firma previa del documento. A los efectos establecidos en esta Ley, no podrá obtenerse ningún tipo de órganos de personas que, por deficiencias psíquicas o enfermedad mental o por cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento expreso, libre y consciente.

d) Que el destino del órgano extraído sea su trasplante a una persona deterada con el propósito de mejorar sustancialmente su esperanza o sus condiciones de vida, garantizándose el anonimato del receptor.

Art. 6

El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante sólo podrá dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el receptor sea plenamente consciente del tipo de intervención que va a efectuarse, conociendo los posibles riesgos y las previsibles ventajas que, tanto física como psíquicamente, puedan derivarse del trasplante.

b) Que el receptor sea informado (...) de los necesarios estudios inmunológicos de histocompatibilidad u otros que sean procedentes, entre donante y futuro receptor, efectuados por un laboratorio acreditado por el Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.

c) Que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la realización del trasplante cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con déficit mental o menores de edad.

 

 

REAL DECRETO 436/1980, DE 22 DE FEBRERO, DEL MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL, POR EL QUE SE DESARROLLA LA LEY 30/1979, DEL 27 DE OCTUBRE, SOBRE EXTRACCIÓN Y TRASPLANTE DE ÓRGANOS

B.O.E. nº 63, de 13 de Marzo de 1980

CAPÍTULO I

Obtención de órganos procedentes de donantes vivos para su ulterior injerto o implantación en otra persona.

Art. 2

La obtención de órganos de un donante vivo, para su ulterior injerto o implantación en otra persona, podrá realizarse si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que el donante sea mayor de edad, goce de plenas facultades mentales y de un estado de salud adecuado para la extracción.

c) Que el donante haya sido previamente informado de las consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.

e) Y que se garantice el anonimato del receptor, evitando cualquier información que relacione directamente la extracción y el ulterior injerto o implantación.

Art. 3

El estado de salud física y mental del donante que permita la extracción del órgano deberá ser acreditado por un médico distinto del o de los que vayan a efectuar la extracción, el cual informará al interesado sobre las consecuencias previsibles de orden somático, psíquico y psicológico y sobre las eventuales repercusiones que la donación puede tener sobre su vida personal, familiar y profesional, así como sobre los beneficios que con el trasplante se espera haya de conseguir el receptor.

El certificado médico correspondiente hará reterencia al estado de salud del donante, a la información que le ha sido facilitada, a la respuesta y motivaciones libremente expresadas por el interesado y, en su caso, a cualquier indicio de presión externa sobre el mismo. Asimismo incluirá la relación nominal de lols profesionales de cualquier clase que hayan colaborado en tales tareas con el médico que certifica.

Art. 4

El consentimiento para la obtención de órganos procedentes de un donante vivo solamente será válido si concurren las condiciones y requisitos señalados en los dos artículos anteriores y se manifiesta, por escrito, ante el Juez encargado del Registro Civil de la localidad de que se trate, tras las explicaciones del médico a que se refiere el artículo anterior y de la persona a quien corresponde dar la conformidad para la intervención.

El documento de cesión del órgano será firmado por el interesado y por los demás asistentes. Cualquiera de ellos podrá oponoerse eficazmente a la donación y, por tanto, a la extracción de órganos del donante vivo, aunque se reúnan formalmente todos los requisitos, si albergan duda sobre la manifestación del consentimiento del donante en forma expresa, libre, consciente y plenamente desinteresada.

Entre la firma de dicho documento y la extracción del órgano deberán transcurrir, al menos, veinticuatro horas. El donante puede revocar su consentimiento en cualquier momento antes de la intervención, sin sujeción a formalidad alguna. Dicha revocación no podrá dar lugar a ningún tipo de indemnización.

CAPÍTULO II

Extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos:

Art. 7

Todos los Centros sanitarios autorizados para la extracción de órganos y otras piezas anatómicas adoptarán las medidas convenientes a fin de garantizar que todos los ciudadannos que en ellos ingresen y sus familiares tengan pleno conocimiento de la regulación sobre donación y extracción de órganos con fines terapéuticos o científicos.  La información hará referencia a los principios informantes de la legislación que son los de altruismo y solidaridad humanos y respeto absoluto de la libertad, intimidad, voluntad y creencias de cualquier clase de interesados.

Art. 8

La oposición expresa de interesado a que, después de la muerte, se realice la extracción de órganos u otras piezas anatómicas del propio cuerpo, podrá hacerse constar en la ficha de entrada en el servicio de admisión del Centro sanitario en el Registro especial que existirá obligatoriamente en el Centro para este tipo de declaraciones de voluntad, en la autorización o conformidad para la intervención quirúrgica o por cualquir otro medio sin sujeción a formalidad alguna.

La oposición del interesado, así como su conformidad si la desea expresamente podrá referirse a todo tipo y clase de órganos o piezas anatómicas o solamente a algunos de ellos, tales como los que alteran manifiestamente la propia imagen o los que solamente persiguen fines no terapéuticos, científicos o de experimentación.  Tal declaración de voluntad será respetada inexcusablemente, cualquiera que sea la forma en que se haya expresado.

Cuando se trate de menores de edad o pacientes con déficit mental, la oposición podrá hacerse constar por quienes ostenten la patria potestad, tutela o representación legal.

Art. 9

Siempre que se pretenda proceder a la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de un fallecido en un Centro sanitario autorizado a estos efectos, el facultativo a quien corresponda dar la conformidad para la intervención deberá realizar las siguientes comprobaciones:

- Examen de la ficha de entrada en el servicio de admisión del Centro sanitario.

- Examen del Registro especial existente en dicho Centro para esa finalidad.

- Información sumaria sobre si el interesado hizo patente su voluntad a alguno de los profesionales que le han atendido en el Centro sanitario.

- Examen de la documentación y pertenencias personales que el difunto llevaba consigo.

Siempre que las circunstancias no lo impidan, se le informará a los familiares presenten en el Centro sanitario sobre la necesidad, naturaleza y circunstancia de la extracción, así como de la consiguiente restauración, conservación o prácticas de sanidad mortuoria.

Art. 11

Antes de dar conformidad para la extracción de órganos u otras piezas anatómicas de fallecidos, la persona a quien corresponda darla, según lo determinado en la autorización del Centro, deberá verificar los siguientes extremos:

3

Comprobación de que no consta oposición expresa, conforme a lo establecido en los artículos 8º y 9º.

4

Obtención de la autorización del Juez, cuando esté interviniendo en relación con la persona fallecida y la obtención de órganos no obstaculice la posible instrucción del sumario.

CAPITULO III

Requisitos para autorizar el injerto o implantación de órganos humanos y garantías de rel receptor de ellos.

Art. 12

El responsable de la unidad médica en que haya de realizarse el trasplante, injerto o implantación de un órgano o pieza anatómica humana solo podrá dar su conformidad si se cumplen los siguientes requisitos:

3

Que el receptor, o sus representantes legales, padres o tutores, en caso de pacientes con déficit mental o menores de edad, sean cuidadosamente informados, de acuerdo con su nivel cultural y capacidad de comprensión, por uno de los médicos del equipo que vaya a realizar la intervención, sobre los estudios inmunologicos de histocompatibilidad y demás pruebas médicas y quirúrgicas realizadas o que vayan a realizarse en relación con la intervención, los posibles riesgos y las probabilidades globales de éxito de la misma.

4

Que el receptor exprese por escrito su consentimiento para la realización del trasplante, injerto o implantación, cuando se trate de un adulto jurídicamente responsable de sus actos, o por sus representantes legales, padres o tutores en caso de paciente con déficit mental o menores de edad.

El documento en que se exprese por escrito su consentimiento será también firmado por el médico que realizó la información y por el responsable de la unidad médica en que vaya a realizarse la intervención, como prueba de su conformidad.  El documento quedará archivado en el Centro sanitario, facilitándose una copia al interesado.

 

 

DISPOSICIONES FINALES

Segunda:

Dadas las características biológicas de la médula ósea, los menores de edad pueden ser donantes, previa autorización de sus padres o tutores.

Cuarta:

Corresponderá, a través de la Secretaría de Estado para la Sanidad, al Ministerio de Sanidad y Seguridad Social (actualmente, Ministerio de Sanidad y Consumo):

 

2. Promocionar campañas de educación sanitaria y solidaridad humana en estas materias, determinar las medidas informativas que deben facilitar los Centros Sanitarios y precisar el funcionamiento del registro especial que debe existir en los mismos.

Séptima:

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Real Decreto las personas que no tengan la nacionalidad española, salvo que realicen manifestación expresa en contrario.

 

 

REAL DECRETO 411/1996, DE 1 DE MARZO, POR EL QUE SE REGULAN LAS ACTIVIDADES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE TEJIDOS HUMANOS

B.O.E. nº 72 de 23 de Marzo de 1996

Art. 7

Consentimiento previo e informado del donante vivo.

1

La obtención de tejidos humanos de un donante vivo mayor de edad requiere que haya sido previamente informado de las consecuencias de su decisión y otorgue su consentimiento de forma expresa, libre, consciente y desinteresada.

 

No podrán obtenerse tejidos humanos de personas que, por deficiencias psíquicas, enfermedad mental o cualquier otra causa, no puedan otorgar su consentimiento en la forma indicada.

 

Dicha información deberá facilitarse por el médico que haya de realizar la obtención y se referirá a las consecuencias previsibles de orden somático, psíquico o psicológico, a las eventuales repercusiones que la donación pueda tener en su vida personal, familiar o profesional, así como sobre los beneficios que con el implante se espera haya de conseguir el receptor.

 

El consentimiento deberá formalizarse por escrito y ser firmado por el donante y por el citado médico.

 

En ningún caso podrá efectuarse la obtención sin la firma previa de este documento.

2

Los menors de edad pueden ser donantes de residuos quirúrgicos, de progenitores hematopoyéticos y de médula ósea.  En estos dos últimos casos exclusivamente para las situaciones en que exista relación genética entre donante y receptor y siempre con previa autorización de sus padres o tutores.

 

En estos casos el donante menor de edad deberá ser oído conforme prevé el artículo 9.1. de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor.

3

En el supuesto de que sea precisa una intervención quirúrgica específicamente destinada a la obtención de un tejido de un donante vivo, el consentimiento escrito deberá formalizarse en la forma y condiciones que establece el artículo 4 del Real Decreto 426/1980, de 22 de Febrero.

4

La autorización a la obtención de tejidos humanos permanecerá registrada en el historial clínico del donante.

Art. 8

Obtención de tejidos humanos de personas fallecidas.

1

La extracción de tejidos humanos de personas fallecidas, podrá realizarse, en el caso de que no hubieran dejado constancia expresa de su oposición, sin demora y previa comprobación médica de su fallecimiento.  Para acreditar éste no será imprescindible constatar los signos de muerte cerebral.

2

La oposición del interesado a que después de su muerte se realicen extracciones de tejidos humanos de su cuerpo, podrá realizarse en la forma y por cualquiera de los medios previstos en el artículo octavo del Real Decreto 426/1980, de 22 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 30/1979, de 27 de octubre, sobre Extracción y Trasplante de órganos.

3

La referencia de no oposición a la obtención de tejidos humanos permanecerá registrada en el historial clínico del donante.

Art. 9

Implantación de tejidos humanos.

1

La implantación de tejidos humanos solo se podrá efectuar, en centros autorizados para ellos, con el consentimiento previo y escrito del receptor o sus representantes legales, conforme prevé la Ley General de Sanidad, y previa información de los riesgos y beneficios que la intervención supone.

2

El documento en que haga constar el consentimiento informado del receptor comprenderá conbre del centro sanitario, fecha de su autorización para hacer implantaciones y nombre del receptor o sus representantes autorizando el implante.  El documento tendrá que ser firmado por el médico que efectúe el implante, por el médico que informó al receptor y por este mismo o sus representantes. El documento quedará archivado en la historia clínica del paciente en el centro hospitalario y se facilitará copia del mismo al interesado.

 

 

CÓDIGO PENAL. LEY ORGÁNICA 10/1995, DEL 23 DE NOVIEMBRE

B.O.E. nº 281, de 24 de Noviembre de 1979. Entrada en vigor el día 24 de Mayo de 1996

Libro II.

Delitos y sus penas.

TÍTULO II.

Del aborto.

Art. 144

El que produzca el aborto de una mujer, sin su consentimiento, será castigado con pena de prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación especial para ejercer cualquier profesión sanitaria, o para prestar servicios de toda índole en clínicas, establecimientos o consultorios ginecológicos, públicos o privados, por el tiempo de tres a diez años.

 

Las mismas penas se impondrán al que practique el aborto habiendo obtenido la anuencia de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño.

TÍTULO III.

De las lesiones.

Art. 155

En los delitos de lesiones, si ha mediado el consentimiento válida, libre, espontánea y expresamente emitido del ofendido, se impondrá la pena inferior en uno o dos grados.

 

No será válido el consentimiento otorgado por un menor de edad o un incapaz.

Art. 156

No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el consentimiento válida, libre, consciente y expresamente emitido exime de responsabilidad penal en los supuestos de trasplante de órganos efectuado con arreglo a lo dispuesto en la Ley, esterilizaciones y cirugía transexual realizadas por facultativo, salvo que el consentimiento se haya obtenido viciadamente, o mediante precio o recompensa, o el otorgante sea menor de edad o incapaz; en cuyo caso no será válido el prestado por éstos ni por sus representantes legales.

 

Sin embargo, no será punible la esterilización de persona incapacitada que adolezca de grave deficiencia psíquica cuando aquella, tomándose como criterio rector el de mayor interés del incapaz, haya sido autorzada po el juez, bien en el mismo procedimiento de incapacitación, bien en un expediente de jurisdicción voluntaria, tramitado con posterioridad al mismo, a petición del representante legal del incapaz, oído el dictamen de dos especialistas, el Ministerio Fiscal y previa exploración del incapaz.

TÍTULO V:

Delitos relativos a la manipulación genética.

Art 162.1

Quien practicare reproducción asistida en una mujer, sin su consentimiento, será castigado con la pena de prisión de dos a seis años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por el tiempo de uno a cuatro años.

2

Para proceder por este delito será precisa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal.   Cuando aquella sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

 

 

LEY 25/1990, DE 20 DE DICIEMBRE, DEL MEDICAMENTO

B.O.E. nº 306, de 22 de diciembre de 1990

TÍTULO III.

De los ensayos clínicos.

Art. 60

Respeto a postulados éticos.

4

Deberá disponerse del consentimiento libremente expresado preferiblemente por escrito, o en su defecto, ante testigos, de la persona en la que haya de realizarse el ensayo después de haber sido instruida por el profesional sanitario encargado de la investigación sobre la naturaleza, importancia, alcance y riesgos del ensayo y haber comprendido la información.

5

En el caso de ensayos clínicos sin interés terapéutico particular para el sujeto de la experimentación, el consentimiento constará siempre por escrito.

6

La instrucción y la exposición del alcance y riesgos del ensayo, así como el consentimiento a que se refieren los dos apartados anteriores se efectuarán ante y será otorgado por el representante legal en el caso de personas que no puedan emitirlo libremente.

 

Será necesario, además, la conformidad del representado si sus condiciones le permiten comprender la naturaleza, alcance y riesgos del ensayo.

Art. 61

Revocación del consentimiento.

 

El sujeto participante en un ensayo clínico o su representante podrá revocar, en todo momento, su consentimiento sin expresión de causa.

 

 

ORDEN DE 7 DE JULIO DE 1972, POR LA QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN, GOBIERNO Y SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS

Art. 148.4

Con independencia de las normas reguladoras del régimen de los enfermos durante su permanencia en la Institución, que serán recogidas en los Reglamentos de Régimen Interior de las Instituciones, los enfermos asistidos tendrán los siguientes derechos: "Autorizar, bien directamente o a través de sus familiares más allegados, las intervenciones quirúrgicas o actuaciones terapéuticas que impliquen riesgo notorio previsible, así como a ser advertidos de su estado de gravedad".