El máximo órgano de participación en Servicios Sociales ha mantenido su reunión semestral, profundizado en el nuevo modelo de coordinación socio-sanitaria que se está implantando desde la Consejería.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha presidido esta mañana el Consejo Riojano de Servicios Sociales. En su reunión semestral, el máximo órgano de participación en la materia ha analizado algunas de las principales líneas de actuación impulsadas en este tiempo desde la consejería. En concreto se han expuesto por parte de los técnicos las principales novedades del nuevo decreto que regula la atención coordinada sociosanitaria a las residencias de mayores de La Rioja, el informe de los derechos del menor y el decreto para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en La Rioja.

En el Consejo Riojano de Servicios Sociales participan también las directoras generales de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, y de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad, Marta Gómez; además de representantes de los consejos sectoriales de Exclusión Social, Infancia y Adolescencia, Personas con Discapacidad, Inmigración y Personas Mayores. Asimismo, tienen participación en el Consejo la Federación Riojana de Municipios, organizaciones sindicales y empresariales, y los colegios de Psicología, Trabajo Social y Asistentes Sociales y Educadores y Educadoras.

En el transcurso de esta reunión, el Consejo Riojano de Servicios Sociales ha aprobado el acta anterior y emitido la Memoria del Consejo Riojano de Servicios Sociales, relativa al año 2023, para su remisión al Gobierno de La Rioja y al Parlamento, en la que se incluye el informe anual de los derechos del menor. En dicho informe constan las acciones de sensibilización, teléfono del menor, programa de detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil, servicio de orientación y mediación familiar, programa de atención integral a menores expuestos a violencia de género, programa de atención integral a madres jóvenes y jóvenes gestantes, entre otros aspectos.

Además, en este informe, se recoge el conjunto de acciones dirigidas a la protección de menores en sentido estricto que desde la Administración se realizan con la finalidad de promover el desarrollo integral de menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar, total o parcialmente, y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social a través del acogimiento residencial y familiar.

En otro orden de temas, el Consejo ha estudiado el Decreto por el que se regula el modelo de atención de las residencias de mayores, centrada en las personas, y la coordinación sociosanitaria en la atención de los cuidados.

Además, en el Consejo se ha informado sobre el informe relativo al Decreto por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma de La Rioja, así como el informe relativo al Decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y Dependencia.

Como novedad, destaca la composición de los equipos multiprofesionales de calificación y reconocimiento del grado de discapacidad que se constituyen como un órgano colegiado, y que contarán con profesionales del área sanitaria y con profesionales del área social, con titulación mínima de grado universitario o equivalente: personal médico, de psicología, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, personal con titulación en grado de enfermería, trabajo social y cualesquiera que puedan considerarse. También se persigue facilitar a la ciudadanía la documentación de su salud, como un informe médico actualizado para responder al nuevo baremo. Para ello se ha trabajado en coordinación sociosanitaria, y desde el centro de salud se va a facilitar la información a las personas usuarias. Además, se trabaja con un nuevo baremo en una aplicación estatal que se gestiona a través del programa BAREDI.