La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ha dictado un auto estimando el recurso interpuesto por la concesionaria contra el desahucio del aparcamiento, ya efectuado, y que será recurrido en casación ante el Tribunal Supremo

Tras el nuevo recurso contra el desahucio del parking del CIBIR presentado por Aparcamiento CIBIR S.L., y su estimación por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, el Gobierno de La Rioja seguirá adelante con todo el proceso y los trámites administrativos que le permitan mantener la gestión de las instalaciones ya recuperadas.

En este nuevo recurso, la concesionaria solicitaba la suspensión del desahucio, un procedimiento que se ejecutó en dos fases, los pasados días 1 y 17 de julio, tras su negativa a desocupar el parking. Ante ese nuevo recurso, el segundo presentado por la concesionaria desde que se anunció el rescate a finales de 2019, y el subsiguiente auto estimatorio, el Gobierno de La Rioja lo recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo.

Es la segunda vez que Aparcamiento CIBIR S.L. recurre a los tribunales para tratar de impedir el rescate de la gestión del aparcamiento del CIBIR anunciado en noviembre.  Para poner fin a esta concesión, que incluía cláusulas compensatorias actualmente prohibidas y hubiera supuesto más de 25 millones para el Gobierno de La Rioja de llevarse a término, Salud anunció que asumiría el rescate del parking del CIBIR e indemnizaría a la concesionaria con 663.640,17 euros.

En ese momento, la empresa se negó a desocupar las instalaciones y presentó un recurso solicitando la suspensión cautelar del rescate.  Dicho recurso fue desestimado en mayo por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de La Rioja y el Gobierno de La Rioja tomó posesión de las instalaciones los días 1 y 17 de este mes.

Firmada en 2010 por cuarenta años, la concesión de la gestión del aparcamiento del CIBIR contemplaba condiciones que compensaban las pérdidas de la concesionaria, Aparcamiento CIBIR S.L. Debido a estas condiciones, prohibidas por la Ley de Contratos que entró en vigor en 2018, Gobierno de La Rioja ha tenido que compensar a la concesionaria con aproximadamente de 5,6 millones de euros en la última década.